Mitos y Realidades de la Minería Transnacional, 

3ra. Entrega

Por:  Jennifer Moore.

Mito #7: La minería fortalece el tejido social, y reduce la migración y descomposición de las comunidades indígenas.

Todo lo contrario. Al no respetar los derechos para decidir sobre el uso de su territorio y su derecho a la autodeterminación, en muchas circunstancias las empresas aplican otras estrategias para ingresar en los territorios ancestrales, los cuales actualmente se ven muy afectados por la expansión minera.

Contratos directos y dádivas u ofertas a comunidades particulares pueden desestabilizar las organizaciones indígenas por interferir en sus procesos de comunicación, planificación y manejo de recursos naturales. Estas actividades afectan a las comunidades étnicas fuertemente, las dividen y promueven el conflicto social para tener acceso a los minerales. Se estima que alrededor de la mitad del oro explotado entre 1995 y 2015 se va a extraer de territorios de los pueblos indígenas.11

Ejemplo: La mina de oro más grande en América Central de la empresa canadiense Goldcorp, llamada “Marlin”, se encuentra en Guatemala en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el oeste del país. Se ha convertido en un problema nacional por no consultar con los pueblos. En el municipio de Sipakapa se ha iniciado una serie de consultas populares convocadas por los pueblos mismos, las cuales han resultado en un fuerte rechazo de la actividad minera. Sin embargo, los resultados de las consultas no han sido aceptados y los pueblos sufren amenazas permanentes y otras afectaciones por la explotación de la mina. Actualmente han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Interamericana por una decisión sobre las consultas.

En los pocos casos, según Derechos en Acción, en que pueblos indígenas en Canadá han negociado acuerdos sobre los impactos y beneficios con empresas mineras, el éxito ha sido “limitado”. Las negociaciones son duras y, mientras algunos grupos indígenas han ganado algo de empleo, capacitación y dinero, todavía tales acuerdos ofrecen mínima protección ambiental y “es improbable que vayan a contribuir a economías sustentables después de que la mina cierre.”

Agregan que las comunidades afectadas por la minería reportan mayor uso de drogas y alcohol, carencia de viviendas y más violencia contra la mujer.12

Transparencia

Mito #8: Las empresas transnacionales garantizan transparencia

El financiamiento de las empresas mineras, especialmente de muchas juniors, utiliza prácticas no transparentes que muchas veces son monitoreadas muy débilmente en cuanto a los impactos ambientales y sociales de sus proyectos. Además, estas empresas tienen estructuras empresariales muy complicadas, diseñadas para evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) – La Bolsa de Valores de Toronto ha emergido como fuente importante de fondos para la exploración minera. Alrededor del 57% de las empresas mineras cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y, según sus propios informes, en los primeros seis meses de 2007 facilitó 48% de los financiamientos mineros mundiales, más que cualquier otra bolsa de valores en el mundo.13 Está especializada en financiar proyectos en lugares riesgosos, o sea en donde hay conflicto o mucha oposición.

La TSX procura la mayoría de fondos mediante “colocaciones privadas”: “ofertas de valores a un número limitado de inversionistas grandes, principalmente los que se llaman ‘inversionistas institucionales’ –bancos, fondos mutuos y fondos de pensiones–, que se caracterizan por un menor grado de transparencia, lo cual a su vez implica: (1) una amplia distribución de las acciones mineras en la población canadiense (se estima que 49% de los canadienses tienen acciones en la minería) y (2) resulta difícil trazar los orígenes de los fondos que se destinan a la actividad minera.”14

La Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Canadá (EDC) también es poco transparente. Ella es “una institución financiera para los exportadores e inversionistas canadienses en el extranjero, que en 2006 dio $66 billones [miles de millones] en ayuda a empresas canadienses, de los cuales $30 billones se invirtieron en el sector de recursos naturales. Hasta 2007, no ha estado sujeta a la legislación de acceso a la información”.15

Respecto a las estructuras de estas empresas, las empresas juniors –que han aumentado mucho su participación en la exploración minera– pueden brindar seguridad a las empresas más grandes que van a desarrollar las minas. Incluso, por su propia constitución, estas empresas pueden evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa) ha enfrentado una fuerte oposicióncomunitaria a su proyecto en el noroeste de Ecuador, en la zona de Intag. Ha sido implicada en violaciones de los derechos humanos y denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 por el intento de un grupo de más de 50 guardias fuertemente armados y principalmente ex militares que trataron de ingresar por la fuerza a las concesiones mineras de Ascendant en Intag.

Pero en su sitio web la compañía reconoce que por su estructura empresarial se hace muy difícil llevar a juicio a los miembros de su directiva: “Todos los directores de Ascendant y prácticamente todas sus acciones y las de la corporación están radicados fuera de Canadá. Puede ser imposible que quienes compran seguridades... puedan notificar sobre directores que viven fuera del país en un juicio en Canadá…” Mientras la empresa se incorpora en la provincia de British Columbia, Canadá, su sede está en Colorado, EEUU. También Ascendant Copper Corporation tiene subsidiarias radicadas y/o que cotizan en las bolsas de valores del Caribe con sus operaciones principales en Ecuador.

Mito #9: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan.

Muy frecuentemente no existen mecanismos, voluntad ni recursos para aplicar los mandatos legales. Además, muchas veces las mismas empresas mineras y/o sus promotores imponen un marco legal a través de gobiernos amigos.

Ejemplo: En el caso de Ecuador, donde hasta ahora no ha empezado a producir el proyecto de la minería metálica, en el año 2000 se implementaron reformas profundas a la ley minera después de un proyecto financiado por el Banco Mundial y con el apoyo de las embajadas de Inglaterra y Suecia. Las reformas derogaron las regalías de producción debidas al Estado, aumentando el plazo de duración de las concesiones mineras a treinta años renovables, y negaron al Estado la opción de revocar concesiones mineras por afectaciones ambientales o sociales.

Ahora que el país está nuevamente reformando su ley minera para reinstituir el rol del Estado en el control y manejo del sector, las empresas canadienses que dominan la inversión en Ecuador han participado extensivamente en el desarrollo del nuevo texto.

Las empresas también gozan de gran protección por medio de los tratados internacionales que protegen las inversiones (TBI), los cuales se han usado para imponer proyectos mineros cuando se ha presentado una gran resistencia. Las empresas pueden tener una ventaja grande frente a los gobiernos de países en

desarrollo cuando van a los tribunales de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) por el costo de los procesos y por el hecho de que no hay mecanismo para que las comunidades afectadas puedan participar.

Ejemplo: Goldcorp, a través de su subsidiaria Glamis Imperial Corporation, está utilizando el NAFTA para derogar una ley de California que apoya los reclamos del la tribu Quechan, de la reserva de Fort Yuma, que se oponen a la incursión del Proyecto Minero Imperial en sus tierras sagradas.16