Continua Violación a la Ley
Alberto Díaz D.

Pasando la segunda semana del nuevo gobierno morado, que al mismo tiempo es rancio, la minoría de ciudadanos dominicanos que tienen ojos para ver, y ven, están observando lo que se esperaba, que el partido en el poder, sea quien sea el gobernante, tiene una vocación dictatorial propia de la izquierda cavernaria que todavía profesa "el perfecto idiota latinoamericano", a juzgar por el premio nóbel Mario Vargas Llosa.  

El primer rasgo del comportamiento de un partido cuyos dirigentes están imbuídos de esa pseudoideología andrajosa, es el desprecio por la constitución y las leyes del país que cometa el error de llevarlos al poder. Y eso es lo que estamos cosechando en la República Dominicana en estos momentos con los precios de los hidrocarburos.  Según la ley sobre esos insumos críticos, los precios de los combustibles que se expenden en el país deben ser actualizados todos los sábados desde la medianoche, de acuerdo con los precios internacionales del petróleo.  Pues bien, no se está cumpliendo con esa ley.  Los precios están congelados desde el cambio de gobierno y ningún sector de la sociedad está reclamando el cumplimiento de esa ley, así como tampoco se le reclamó con la energía requerida a Leonel Fernández el respeto a dicha ley, así como a las demás.

Observando el panorama, cualquiera pensaría que la proverbial generosidad dominicana esta concediendo una oportunidad al "pobre gobierno recien instalado", a quien Leonel le "deguañangó la economía", como dijo Bernardo Vega, utilizando un idiotismo que sólo ha provocado risas estúpidas entre la inmensa mayoría de los dominicanos que no tienen ojos para ver y otra mayoría a quienes no les interesa ver, sobre todo porque son beneficiarios directos del desorden, la ilegalidad y la corrupción imperantes en el país.

¿Olvidarán tan pronto los dominicanos que ese "deguañangue" de la economía nacional fue producido por Leonel Fernández para inclinar la balanza a favor de Danilo Medina y Margarita Fernández en la pasada justa electoral? Además, ¿en qué ley o en qué párrafo de la constitución vigente en el país se establece que en una situación como la actual, debe suspenderse la aplicación de las leyes?

Reflexionando sobre este decepcionante asunto, resulta inevitable arribar a la conclusión de que la República Dominicana está siendo regida por un gobierno ilegal, y estamos viviendo definitivamente en un estado fallido.

VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS.

La promesa electoral de “arreglar lo que está mal” que el hoy presidente en funciones le vendió al electorado dominicano se ha evaporado apenas al segundo día de mandato.

A pesar de su elevada investidura, Danilo Medina da la impresión de ser mas bien el primer ministro del infame gobierno presidido por Leonel Fernández.  No asoman por ningún lado el peso del poder y la autoridad de un nuevo gobierno con luces propias, frescos rostros en el gabinete y decretos que anuncien acciones enérgicas, enfocadas en la solución  de los grandes problemas que agobian al país.

Dicen que para muestra basta un botón, y ese botón ya lo tenemos en el caso de los precios de los combustibles, que según la ley deben cambiar todos los viernes a la medianoche de acuerdo con los cambios en los precios del petróleo. 

Todo el mundo sabe que Leonel Fernández fue un violador sistemático de esa ley (y de todas las demás), y se esperaba que el nuevo gobierno  desarrollara su gestión con apego a la constitución y las leyes de la República.  Sin embargo, los  precios de los combustibles fueron congelados esta semana, conservando intacto el colchón de aumentos ilegales acumulados por el gobierno morado, que realmente no ha cambiado.   

La acción propia de un gobierno decente sería ajustar los precios a la ley, aunque tal decisión produzca una rebaja de treinta o cuarenta pesos en dichos precios.   El cálculo de los precios correctos se realiza en minutos, para no decir en segundos si se tiene, como se debe tener, una hoja electrónica con las fórmulas indicadas por la ley, de manera que no hay ninguna excusa válida.

Ese gabinete no tiene nada que ofrecer.  Sus miembros tienen demasiado dinero en sus cuentas bancarias y su forma de ejercer el poder es totalmente contraria a las necesidades de la nación.

El pueblo dominicano, una vez mas, ha echado el vino nuevo en odres viejos.

Mitos y Realidades de la Minería Transnacional 

Entrega Final (4/4).

Por Jennifer Moore

Mito #10: Las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social.

Si el marco legal es desfavorable o hay una fuerte oposición a un proyecto minero, la corrupción, la violencia, la criminalización y la desestabilización de organizaciones pueden imponerse. Las empresas mineras son las transnacionales con mayor experiencia en el testaferrato.

Ejemplo: Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú sobre el Proyecto Río Blanco en el noreste del departamento de Piura, la presencia de la minera en las tierras de las comunidades campesinas se considera ilegal en razón de que no ha sido aprobada por dos tercios de las asambleas de las comunidades campesinas en donde la empresa tiene sus concesiones mineras. Además las comunidades se expresaron fuertemente en contra del proyecto minero durante una consulta popular en septiembre de 2007. Sin embargo, con el apoyo del gobierno del Presidente Alan García la compañía suscribió un acuerdo de estabilidad jurídica y está buscando por cualquier manera abrir su mina, la cual pueda ser el inicio de un gran distrito minero por los dos lados de la frontera Perú - Ecuador.

Un informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú de agosto de 2008, observa que hay alrededor de 300 personas criminalizadas en Piura por su posición en contra de la minería. En un caso muy notable, 35 están enfrentando acusaciones de terrorismo. Las acusaciones fueron presentadas ante la Fiscalía por un grupo sobre el cual existen sospechas de ser montado o apoyado por la compañía. Un informe elaborado por un grupo de abogados de EEUU e Inglaterra ha concluido que aquel caso no podría ser presentado en una corte de estos dos países desarrollados aún si el Estado sigue con el caso en el que viola los derechos humanos de las personas involucradas.

Necesidad

Mito #11: El desarrollo minero es progreso y la producción campesina es retraso. Sin minas, no hay futuro, no hay machetes ni bicicletas.

La cuestión minera es de gran importancia pública por la destrucción que implica y por las diferencias fundamentales en las visiones sobre el desarrollo. Las comunidades deberían tener su derecho de autodeterminación, de participación en decisiones que afecten su medioambiente, la salud, la autonomía alimentaria, etc., aspectos todos que puedan ser impactados por la minería.

El mercado de los metales en gran parte es impulsado por usos desvinculados a la vida de las comunidades. En el caso del oro, se utilizó en un 85% para joyería. El níquel, cobalto y tungsteno son considerados minerales estratégicos porque son utilizados por la industria militar. “La actividad minera de gran escala es posible sólo porque está legitimada y premiada por un marco legal colonial, el cual establece una serie de beneficios e incentivos tributarios para las empresas mineras que discrimina contra las actividades económicas productivas y sostenibles, que son las que verdaderamente dirigen nuestras economías regionales.”17 (Tercer Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina. Agosto 14 de 2005. “Vienen por oro, vienen por todo.”18)

El desarrollo minero literalmente transforma de manera radical el manejo del territorio, la biodiversidad, el agua, la generación de energía y la sociedad. Asimismo fomenta la dependencia debido a las relaciones clientelistas que mantiene y/o sostiene la minería de gran escala, las cuales en muchos casos utiliza para inhibir el potencial de construir organizaciones, procesos locales y formas de desarrollo autodeterminadas. De hecho, según algunos investigadores, se observa que un resultado de los procesos de lucha en contra la minería ha sido el surgimiento de organizaciones locales, redes de apoyo y otras formas de sostenimiento que están más cercanas a la realidad de la localidad y la gente.19

Y cuando tengan que imponer la minería, ¿podría constituir desarrollo? Los investigadores Anthony Bebbington de Inglaterra y María Luisa Burneo de Perú al definir desarrollo se orientan por el economista ganador del Premio Nobel, Amartya Sen, diciendo que “el desarrollo no se define por el crecimiento económico, sino por la expansión de libertades y de capacidades humanas. Sen diría, entonces, que si en un proceso de cambio social no hay mejora en la expresión de la ciudadanía, no se puede hablar de un avance en el desarrollo…un crecimiento económico sin desarrollo… puede, más bien, generar conflictos sociales.”

César Padilla concluye que la resistencia de las comunidades afectadas a lo largo de América Latina es parte de un proceso transformado por sí mismo, el cual busca otro modelo de desarrollo “que limite la minería así como la mayoría de las industrias extractivas”.20

Resistencia

Las empresas mineras y las ONG se van después de que se cierra la mina. Los que sufren las consecuencias son las comunidades que quedan viviendo cerca a una mina abandonada. Debido a que los principales afectados por la minería transnacional son comunidades locales, la estrategia de resistencia debe enfocarse hacia ellas.

Hay una riqueza de experiencias de resistencia, que deben evaluarse, articularse y acumularse.

Generalmente, las comunidades y los movimientos sociales no tienen información suficiente y apropiada para actuar en consecuencia. Hay una desarticulación entre quienes tienen conocimientos sobre la minería y quienes viven en comunidades concesionadas o afectadas.

La minería es uno de los mejores ejemplos para poner en evidencia los efectos negativos del modelo económico, así como la ocupación y despojo de los territorios y sus impactos, por lo cual sirve para movilizar en resistencia a la población general (norte, sur, ambientalistas, sindicatos, académicos, estudiantes, inversionistas).

Estrategias posibles para la resistencia

·         Encuentro, intercambio y articulación entre comunidades afectadas, involucradas y en resistencia.

·         Apoyo y acompañamiento de intelectuales y analistas comprometidos con la resistencia y con el conocimiento del sector, y profundizar el desarrollo de saberes que respalden la movilización y la resistencia.

·         Estrategias de comunicación, concientización y movilización (ejemplo: formación de un banco de materiales informativos sobre la minería).

·         Montar una estrategia de denuncias sobre la acumulación de capital y los abusos efectuados por las empresas mineras.

·         Establecer un equipo técnico-operativo de toda la estrategia y una estructura política-organizativa que funcione coordinada pero autónomamente. Establecer un consejo asesor que tenga un equilibrio entre procesos comunitarios y analistas comprometidos.

Mitos y Realidades de la Minería Transnacional, 

3ra. Entrega

Por:  Jennifer Moore.

Mito #7: La minería fortalece el tejido social, y reduce la migración y descomposición de las comunidades indígenas.

Todo lo contrario. Al no respetar los derechos para decidir sobre el uso de su territorio y su derecho a la autodeterminación, en muchas circunstancias las empresas aplican otras estrategias para ingresar en los territorios ancestrales, los cuales actualmente se ven muy afectados por la expansión minera.

Contratos directos y dádivas u ofertas a comunidades particulares pueden desestabilizar las organizaciones indígenas por interferir en sus procesos de comunicación, planificación y manejo de recursos naturales. Estas actividades afectan a las comunidades étnicas fuertemente, las dividen y promueven el conflicto social para tener acceso a los minerales. Se estima que alrededor de la mitad del oro explotado entre 1995 y 2015 se va a extraer de territorios de los pueblos indígenas.11

Ejemplo: La mina de oro más grande en América Central de la empresa canadiense Goldcorp, llamada “Marlin”, se encuentra en Guatemala en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el oeste del país. Se ha convertido en un problema nacional por no consultar con los pueblos. En el municipio de Sipakapa se ha iniciado una serie de consultas populares convocadas por los pueblos mismos, las cuales han resultado en un fuerte rechazo de la actividad minera. Sin embargo, los resultados de las consultas no han sido aceptados y los pueblos sufren amenazas permanentes y otras afectaciones por la explotación de la mina. Actualmente han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Interamericana por una decisión sobre las consultas.

En los pocos casos, según Derechos en Acción, en que pueblos indígenas en Canadá han negociado acuerdos sobre los impactos y beneficios con empresas mineras, el éxito ha sido “limitado”. Las negociaciones son duras y, mientras algunos grupos indígenas han ganado algo de empleo, capacitación y dinero, todavía tales acuerdos ofrecen mínima protección ambiental y “es improbable que vayan a contribuir a economías sustentables después de que la mina cierre.”

Agregan que las comunidades afectadas por la minería reportan mayor uso de drogas y alcohol, carencia de viviendas y más violencia contra la mujer.12

Transparencia

Mito #8: Las empresas transnacionales garantizan transparencia

El financiamiento de las empresas mineras, especialmente de muchas juniors, utiliza prácticas no transparentes que muchas veces son monitoreadas muy débilmente en cuanto a los impactos ambientales y sociales de sus proyectos. Además, estas empresas tienen estructuras empresariales muy complicadas, diseñadas para evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) – La Bolsa de Valores de Toronto ha emergido como fuente importante de fondos para la exploración minera. Alrededor del 57% de las empresas mineras cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y, según sus propios informes, en los primeros seis meses de 2007 facilitó 48% de los financiamientos mineros mundiales, más que cualquier otra bolsa de valores en el mundo.13 Está especializada en financiar proyectos en lugares riesgosos, o sea en donde hay conflicto o mucha oposición.

La TSX procura la mayoría de fondos mediante “colocaciones privadas”: “ofertas de valores a un número limitado de inversionistas grandes, principalmente los que se llaman ‘inversionistas institucionales’ –bancos, fondos mutuos y fondos de pensiones–, que se caracterizan por un menor grado de transparencia, lo cual a su vez implica: (1) una amplia distribución de las acciones mineras en la población canadiense (se estima que 49% de los canadienses tienen acciones en la minería) y (2) resulta difícil trazar los orígenes de los fondos que se destinan a la actividad minera.”14

La Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Canadá (EDC) también es poco transparente. Ella es “una institución financiera para los exportadores e inversionistas canadienses en el extranjero, que en 2006 dio $66 billones [miles de millones] en ayuda a empresas canadienses, de los cuales $30 billones se invirtieron en el sector de recursos naturales. Hasta 2007, no ha estado sujeta a la legislación de acceso a la información”.15

Respecto a las estructuras de estas empresas, las empresas juniors –que han aumentado mucho su participación en la exploración minera– pueden brindar seguridad a las empresas más grandes que van a desarrollar las minas. Incluso, por su propia constitución, estas empresas pueden evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa) ha enfrentado una fuerte oposicióncomunitaria a su proyecto en el noroeste de Ecuador, en la zona de Intag. Ha sido implicada en violaciones de los derechos humanos y denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 por el intento de un grupo de más de 50 guardias fuertemente armados y principalmente ex militares que trataron de ingresar por la fuerza a las concesiones mineras de Ascendant en Intag.

Pero en su sitio web la compañía reconoce que por su estructura empresarial se hace muy difícil llevar a juicio a los miembros de su directiva: “Todos los directores de Ascendant y prácticamente todas sus acciones y las de la corporación están radicados fuera de Canadá. Puede ser imposible que quienes compran seguridades... puedan notificar sobre directores que viven fuera del país en un juicio en Canadá…” Mientras la empresa se incorpora en la provincia de British Columbia, Canadá, su sede está en Colorado, EEUU. También Ascendant Copper Corporation tiene subsidiarias radicadas y/o que cotizan en las bolsas de valores del Caribe con sus operaciones principales en Ecuador.

Mito #9: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan.

Muy frecuentemente no existen mecanismos, voluntad ni recursos para aplicar los mandatos legales. Además, muchas veces las mismas empresas mineras y/o sus promotores imponen un marco legal a través de gobiernos amigos.

Ejemplo: En el caso de Ecuador, donde hasta ahora no ha empezado a producir el proyecto de la minería metálica, en el año 2000 se implementaron reformas profundas a la ley minera después de un proyecto financiado por el Banco Mundial y con el apoyo de las embajadas de Inglaterra y Suecia. Las reformas derogaron las regalías de producción debidas al Estado, aumentando el plazo de duración de las concesiones mineras a treinta años renovables, y negaron al Estado la opción de revocar concesiones mineras por afectaciones ambientales o sociales.

Ahora que el país está nuevamente reformando su ley minera para reinstituir el rol del Estado en el control y manejo del sector, las empresas canadienses que dominan la inversión en Ecuador han participado extensivamente en el desarrollo del nuevo texto.

Las empresas también gozan de gran protección por medio de los tratados internacionales que protegen las inversiones (TBI), los cuales se han usado para imponer proyectos mineros cuando se ha presentado una gran resistencia. Las empresas pueden tener una ventaja grande frente a los gobiernos de países en

desarrollo cuando van a los tribunales de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) por el costo de los procesos y por el hecho de que no hay mecanismo para que las comunidades afectadas puedan participar.

Ejemplo: Goldcorp, a través de su subsidiaria Glamis Imperial Corporation, está utilizando el NAFTA para derogar una ley de California que apoya los reclamos del la tribu Quechan, de la reserva de Fort Yuma, que se oponen a la incursión del Proyecto Minero Imperial en sus tierras sagradas.16

Mitos y Realidades de la Minería Internacional- "2da. Entrega.

Por Jenny Moore, brillante periodista canadiense 

experta en asuntos mineros.

Medio ambiente

Mito #4: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental.

Las tecnologías que permiten la explotación de yacimientos son altamente contaminantes y destructivas. La minería demanda enormes cantidades de agua, que contamina permanentemente con químicos como el cianuro. El drenaje ácidoa, y otras formas de contaminación, son efectos comprobados y a veces comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina. En promedio se extrae un 0,51% de cobre de la roca (antes en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, era 2,5%) y 0,0001% en el caso del oro. Por cada onza de oro producida, se genera un promedio de 79 toneladas de desechos.

El fenómeno del drenaje ácido puede durar cientos o miles de años, y puede ser particularmente grave cuando la explotación minera está ubicada en zonas de nacimientos de agua o en cabeceras de cuencas. Adicionalmente se estima que, en el caso del cobre por ejemplo, se utilizan entre 10.000 y 30.000 litros de agua por día.7 Muchos Estados otorgan el uso y/o control sobre el agua con las concesiones mineras sin costo para las empresas.

Ejemplo: En El Salvador hay 29 proyectos de minería metálica radicados en la región montañosa del norte. Los ríos que abastecen el país vienen de aquí, y sólo el Río Lempa, por ejemplo, sirve a más de 50% de la población de la capital, San Salvador.

En la provincia de Cabañas, en donde se encuentra el Proyecto El Dorado, una mina de oro y plata de una superficie de 144 kilómetros cuadrados en fase de exploración por Pacific Rim Mining Corp., muchos habitantes se preocupan porque la mina propone consumir 30.000 litros de agua diarios durante su existencia, dependiendo de la misma fuente de agua que abastece a la población local sólo una vez cada semana. Actualmente el proyecto está suspendido debido a la oposición que ha generado, hasta que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales presente un nuevo estudio sobre el proyecto, el cual estudiará el Parlamento de El Salvador. Un Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto realizado por el ingeniero hidrológico, Robert Moran de EEUU, concluyó que ni la población ni el Parlamento tenían suficiente información sobre los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Agregó que un gran porcentaje de proyectos similares ha generado pasivos ambientales negativos a través del mundo y muchas veces aparecen después que la mina se cierra.

Bosques amenazados: Según Earthworks, 39% de los bosques en peligro están amenazados por la minería de gran escala. Además, una cuarta parte de los sitios catalogados como Patrimonio Global por su valor natural, están amenazados por proyectos mineros o de hidrocarburos futuros. Asimismo más de un cuarto de las minas activas y los sitios de exploración se superpone con o están a 10 kilómetros de parques, reservas y otros áreas protegidas estrictamente, según el criterio de la UICN.8

En cuanto al aire, la fundición de metales contribuye con el 13% de las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y consume entre el 7 y 10 por ciento de la producción de energía, principalmente en base a carbón y petróleo.

Derechos Colectivos

Mito #5: Las empresas de exploración vienen sólo a averiguar si hay metales. Si encuentran algo, es la comunidad local la que decide cómo proceder.

Si una empresa de exploración (frecuentemente llamado junior) encuentra algo, muchas veces se vende el proyecto a una empresa más grande, con mayores recursos y capacidad operativa, que lo pueda extraer. En 2006, tales empresas contribuyeron con más del 50% de la exploración minera de minerales no ferrosos en el mundo, mostrando un crecimiento de 600% en sus inversiones desde 20029, lo cual pertenece al período reciente de boom en el mercado de metales.

Ejemplo: En Guatemala la mina Marlin fue descubierta por Francisco Gold y desarrollada por Glamis Gold, ahora propiedad de Goldcorp Inc., a través de su subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala.

Los compromisos que las empresas de exploración hacen con las comunidades no son vinculantes, ni siquiera en los casos donde hay diálogo con las compañías grandes, las cuales también frecuentemente venden sus proyectos.

Ejemplo: En Ecuador hay más de veinte empresas juniors, algunas que ya tienen “alianzas estratégicas” con empresas grandes o que ya han vendido su proyecto a una empresa más grande. Ascendant Copper Corporation (ahora se llama Copper Mesa) tiene una alianza estratégica con Río Tinto que garantiza a la minera inglesa comprar hasta 70% de interés en un proyecto de Ascendant. Río Tinto realizó exploraciones en algunos lugares del Ecuador en los años 90, pero salió del país por razones también “estratégicas”. Esta empresa comparte información con las empresas junior.

Recientemente, Aurelian Resources, que descubrió uno de los mayores depósitos de oro mundiales en el sur de la Amazonía ecuatoriana, vendió su proyecto (llamado Fruta del Norte) a Kinross Gold.

La gran minería está compuesta por carteles y consorcios que se encubren unos a otros, y hay monopolio y concentración entre los más grandes. En octubre de 2007, Latin American Newsletter destacó “una pirámide divina de la minería”, refiriéndose precisamente a este fenómeno de las juniors y las empresas mineras más grandes. Basado en una entrevista con el director de Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa Corporation, la cual ha sido suspendida debido a la oposición en contra de su proyecto cuprífero en la zona de Intag, al noroeste de Ecuador). Steve Vaughn, quien lleva muchos años en la industria minera, explica que hay cuatro o cinco compañías mineras en la cumbre de la pirámide, luego hay unas medianas, y después cientos de pequeñas. Estas últimas “están encargadas de manejar los procesos antes de entrar en operación, o sea de limpiar el camino antes de que lleguen las grandes”. El autor, Luís Ángel Saavedra, concluye que las pequeñas protegen a las más grandes de la posibilidad de llevarlas a juicio.10

Mito #6: Ningún proyecto minero se hace sin consentimiento previo de las comunidades.

Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión. Además, existen estándares internacionales sobre la reubicación forzada, que muchas veces dejan sin alternativa a las comunidades.

Ejemplo: En tres municipalidades de la parte alto andina de Piura, Perú, a través de una consulta popular en septiembre de 2007, el 94% de los pobladores dijeron “no” a la actividad minera. Antes del evento, el gobierno central hizo todo lo posible para evitar la consulta y el ejercicio democrático. Dos semanas después, el gobierno declaró 20 proyectos mineros como prioridad nacional, dentro de los cuales estaba el proyecto minero de Río Blanco Copper (antes Minera Majaz, de la inglesa Monterrico Metals, hoy en manos de un consorcio chino), al que refería la consulta. Ahora hay más de 300 moradores de la zona que han participado en el frente contra la minería y quienes están enjuiciados. El gobierno peruano ha decretado una nueva legislación para implementar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, legislación que puede negar el derecho a consultar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas en particular.

Ejemplo: En la ciudad patagónica de Esquel, en Argentina, más del 80 por ciento de la población rechazó el proyecto de explotación de oro Cordón Esquel, que proponía la empresa canadiense Meridian Gold (absorbida este año por Yamana Gold), en una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. Luego de esto, la empresa declaró el proyecto “en pausa” y aseguró públicamente que no avanzaría hasta “responder a todas las dudas de la comunidad”. Meses después la Asamblea Local de Vecinos local difundió las grabaciones de una reunión secreta, realizada en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde la empresa –con el apoyo de una consultora en comunicación y la organización Business For Social Responsability (BSR) de Estados Unidos– desarrollaba estrategias para “dar vuelta a la comunidad” y desarticular la oposición social al proyecto. Seis vecinos de Esquel y dos periodistas fueron llevados a juicio por la empresa después de la difusión de esas grabaciones.